Niña transgénero abre el debate: ¿cambio de nombre legal? ONG conservadora se opone a resolución judicial

16/05/2017 |
Por Felipe Reyes Comunidad y Justicia es la entidad que esta apelando ante el fallo judicial que permitió que una niña transgénero pudiera cambiar legalmente su nombre.

 

Los tiempos claramente han cambiado y se han ido incluyendo discusiones que 10 años atrás hubieran sido impensadas en nuestra sociedad.


Sin hacer un juicio valórico, el crecimiento cultural ha permitido que actualmente las distintas miradas y juicios se enfrenten libremente en debates democráticos y con altura de miras.


El más reciente debate


El caso que hoy llama la atención se inició después de que el juez Luis Fernández Espinoza, quien ejercía como juez suplente, se encuentre enfrentando una querella criminal por "prevaricación" (hacer un empleado público una cosa contraria a la justicia en las resoluciones propias de su cargo, conscientemente o por ignorancia inexcusable).


El acto judicial fue presentado por la ONG conservadora Comunidad y Justicia, y radica en la autorización de parte de Fernández en haber autorizado el cambio de sexo en la partida de nacimiento de un menor transgénero de cinco años.


Fernández Espinoza, secretario titular del 7° Juzgado Civil de Santiago, ejercía como magistrado suplente cuando acogió la solicitud de los padres para rectificar el nombre y el sexo del menor.


El fallo


En su fallo Fernández señaló que el niño "nació con una anatomía masculina, pero su cerebro se identifica con una niña", y agrega que sus progenitores "descubrieron una estadística realmente preocupante, que informa que el 41 por ciento de la población transgénero tiende al suicidio por falta de aceptación social".


Luego el magistrado recuerda que el artículo 31 de la Ley 4.808 dice que el nombre de una persona debe ser concordante con su sexo, y esto "no puede reducirse al examen visual de los genitales al nacer, pues, evidentemente, la sexualidad del ser humano es mucho más compleja y requiere contemplar otro tipo de antecedentes que conforman la identidad del individuo".


Tras considerar informes del Servicio Médico Legal, Fernández acogió la solicitud de los padres "a fin de resguardar la integridad y la dignidad" del menor y ordenó al Registro Civil rectificar la partida de nacimiento con nombre y sexo femenino.


Reacciones


Es la ONG Comunidad y Justicia la que con más fuerza ha hecho ver que la determinación judicial va en contra de los principios que ellos representan.


El abogado Tomás Henríquez, director de la ONG, fue quien acusó al magistrado de prevaricación argumentando que "en Chile no existe una ley que autorice explícitamente el cambio de sexo".


"El magistrado vulneró la separación de los poderes del Estado, ya que los jueces no son legisladores y no tienen la potestad ni les compete estar creando la ley", indicó.


"La intención es presionar al Poder Legislativo para que saquen la ley de identidad de género. Es particularmente grave que la autorización se dé en el caso de un menor, ya que existe una altísima probabilidad de que ese niño vaya a desistirse de su idea de ser de un sexo distinto", argumentaron.


Consultamos con Rolando Jiménez, vocero del Movilh, organización que se encuentra involucrada en el caso de la menor.


Al referirse a la ONG Comunidad y Justicia Jiménez comentó que "es un grupo que asesora a distintos parlamentarios de derecha, como a Andrés Allamand, Jacqueline Van Rysselberghe y Manuel José Ossandón. Ellos han hecho lobby contra la Ley de Indentidad de Género, contra la Ley de Aborto, contra la Ley Antidiscriminatoria y contra la Ley de Unión Civil. Es un grupo muy homofóbico y viejos conocidos nuestros", explicó.


"Buscan aliados para defender todas sus miradas conservadoras, que cuentan con muchos recursos económicos, se caracterizan por intentar bloquear los derechos de los grupos de diversidad sexual. Son abiertamente intolerantes, homofóbicos, transfóbicos y con apreciaciones misóginas frente al rol de las mujeres en Chile", completó.


"Nosotros tenemos el patrocinio del juez, al que defenderemos frente a su determinación. De no encontrar una salida satisfactoria en nuestro país frente a su definición, tenemos contemplado ir a tribunales extranjeros, como lo es un sistema de protección a los jueces en las Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", concluyó Jiménez.


Jaime Silva es el abogado que lleva la representación por parte del Movilh y es quien defiende al juez Luis Fernández.


"Una sentencia de estas características es muy valiosa, porque efectivamente se hace cargo de una realidad sumamente compleja y que claramente aborda la forma correcta de solucionarla", afirmó.


"La querella contra Fernández es un acto fanático perverso y el problema se origina precisamente porque no existe una ley de identidad de género. No es que el juez haya fallado porque sí. Como no existe una legislación, los jueces, dentro de su función jurisdiccional, pueden interpretar la ley", explicó.


"Hay que ver quiénes son las personas que presentan esta querella, que es perversamente brillante, que está bien fundamentada, pero desde su trinchera fanática valórica", remató Silva.