Sacerdotes sancionados: La vida contemplativa después del abuso sexual

11/05/2013 |
Por: Javier Insulza La duda que surge es la utilidad de estas sanciones de vida en penitencia para quienes han sido afectados por estos sacerdotes

 

 

Hace unos días se dio a conocer que la Congregación para la Doctrina de la Fé le impuso al sacerdote Alfredo Soiza Piñeyro la dispensa de sus obligaciones sacerdotales, la que había sido solicitada por el presbítero. El ex religioso alcanzó notoriedad pública en 1987, cuando actuó como mediador en el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, cometido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

 

El caso de Soiza Piñeyro  trae inmediatamente a la memoria otros casos memorables, como el de Fernando Karadima, a quien se le privó del ejercicio de su ministerio y se le condenó a vivir el resto de sus días en penitencia tras ser hallado culpable del abuso de menores y de abuso de autoridad.

 

También vuelve a la palestra el caso del ex vicario Cristián Precht, a quien, según la Congregación para la Doctrina de la Fe, se le pudo comprobar "conductas abusivas” y fue sancionado con la pérdida de su ministerio por 5 años. Él optó por no apelar y, en consecuencia, de inmediato comenzó a contarse el tiempo de la ordenanza.

 

Otro caso que retorna a la memoria es el del ex obispo de La Serena, monseñor Francisco José Cox, el sacerdote chileno de mayor jerarquía acusado de abusos sexuales y de quien, desde 2002, nunca más se supo, salvo que se retiró a vivir en un monasterio de la congregación de Schoenstatt, a la que pertenece.

 

Los hechos mencionados nos hacen recordar que a finales del año pasado, Cambio21 dio a conocer la investigación de nuevos casos de abuso sexual en contra de sacerdotes que han sido inculpados por el ex seminarista Mauricio Pulgar. La querella es por el delito de abusos sexuales por parte del presbítero Humberto Henríquez.

 

En este caso, además, se acusa de encubrimiento y asociación ilícita a los sacerdotes Jaime Da Fonseca Hidalgo, Mauro Ojeda Videla, José Antonio Olguín Gutiérrez, Mario Lisperguer Santibáñez, Gonzalo Duarte García de Cortázar, Jorge Medina Estévez, Javier Prado Aránguiz y Francisco Javier Errázuriz Ossa, como posibles autores, cómplices o encubridores del delito de asociación ilícita para delinquir.

 

Este caso aún se encuentra en proceso y opera a través del sistema procesal antiguo, lo que hace más lento el trabajo pero, de ser hallados culpables, aparte de las penas judiciales a las que serían sometidos, es muy posible que los sacerdotes involucrados sean también llamados a tener una vida de penitencia.

Vida  en retiro

 

Tras el anuncio de todos estos casos surge una duda válida: ¿en qué consiste el retiro de estos sacerdotes?

Los entendidos explican que la situación es diferente en todos los casos. Cox no ha renunciado y Karadima tampoco. Este último ha sido suspendido de por vida para ejercer su ministerio, pero sigue siendo sacerdote.

 

En el caso de Precht, la sanción es por 5 años y Soiza Piñeyro lo que hizo fue pedir una dispensa, la que le fue impuesta puesto que él no quiere seguir ejerciendo como clérigo, por lo que dejará definitivamente el sacerdocio.

 

Una fuente cercana a la Iglesia explica que el caso de Soiza es particular, pues tiene un estilo de bandido en el que su participación en la operación Carreño nunca ha quedado muy clara por dónde llegó, pese a que el Clero no quería que se metiera y  él insistió en ser el intermediario.

 

Quienes lo conocen cuentan que, desde joven, Soiza Piñeyro tenía un estilo peculiar para ser sacerdote y lo atribuyen a que quedó con problemas tras su salida de Argentina donde fue perseguido.

 

En todo caso, los elementos que llevan a cada uno a esta vida en retiro son, en general, muy diferentes entre sí.

La situación de monseñor Cox es aún más particular. Él sigue siendo obispo y nadie le ha quitado esa condición, aunque nunca se ha dado una información veraz sobre lo que ocurrió en su caso, ni en que está o qué puede hacer o dónde; simplemente desapareció.

 

Cercanos a la congregación de Schoensttat, a la que pertenece, indican que se encuentra en la casa general de la agrupación pero por prudencia tiene una vida retirada y, explican,  en el fondo reconoce una incompatibilidad con el sacerdocio.

 

Lo cierto es que se debe diferenciar entre el sacramento de la orden sacerdotal que imprime carácter y, por tanto,  no se borra nunca, del estado clerical como ministro de culto, que permite a la persona ejercer su ministerio.

 

Desde el arzobispado de Santiago explican que quien ha hecho los votos puede pedir dispensa canónica, que se expresa en la suspensión de los mismos y para ello debe hacer un discernimiento  y comprender que ha errado en su vocación, no necesariamente porque tenga intención de vida en pareja.

 

El vocero del arzobispado de Santiago, Jaime Coiro, explicó a Cambio21 que, en el caso del sacerdote Alfredo Soiza Piñeyro “el comunicado deja claro que la dispensa se impone, esto es, había una investigación por un hecho verosímil con mayores y menores, por lo que es una pena  que él no busca.  Es un castigo”.

 

Pese a ello, el sacerdote jesuita Marcelo Gidi difiere de Coiro. “Hay distintas maneras de dejar de ejercer. Una es por libre iniciativa y otra por sanción. En el caso del padre Soiza él ha solicitado un alejamiento del ejercicio sacerdotal posterior, pero esto no lo impuso la iglesia, es un proceso personal de él”, dice Gidi en exclusiva a Cambio21.

 

De qué sirve

 

La duda que surge es la utilidad de estas sanciones de vida en penitencia para quienes han sido afectados por estos sacerdotes.

 

El ex vicario de la Pastoral Social, Alfonso Baeza, explica a Cambio21 que casos como el de Karadima son ejemplo de que si es útil la sanción eclesiástica. “La decisión es una medida que deja la posibilidad de que la justicia lo condene y da la opción de que los afectados hagan una demanda judicial”, como ocurrió.

 

Jaime Coiro explica que en un proceso canónico se cuida cautelar a las víctimas,  que parten siendo denunciantes, y para quienes la iglesia pide la mayor protección.

 

“No es lo mismo un abuso sexual con muchos menores de edad  o cuando es reiterado con manipulación de conciencia o abusos de ministerio y se aprovecha oficios para ejercer dominio arbitrario que una conducta abusiva que se dio una sola vez y nunca se dio de nuevo. Por eso son distintas las penas”, dice Coiro, quien pone como ejemplo el caso del conocido cura Tato y explica que cómo, además de todo, incluyó estupro,  ello dio origen a la pérdida del estado clerical.

 

El sacerdote jesuita Marcelo Gidi añade: “Hay distintos modos de reparar el daño de las víctimas. Puede ser con acompañamiento y atención psicológica y a veces a través de una compensación pecuniaria”, explica Gidi, quien añade que “en algunos casos la iglesia, junto con encontrarlo culpable, impone la pérdida del estado clerical y en otros lo solicitan ellos”.

 

El sacerdote jesuita comenta que la Iglesia se hace responsable de la atención de las personas que son víctimas cuando se ha probado que su denuncia es verídica. Este no sería el caso de monseñor Francisco José Cox, a quien nunca se le comprobó la existencia de un delito.

 

Y qué es de ellos

 

Pero aún se mantiene la duda de qué ocurre con ellos una vez que han sido encontrados culpables.

Cercanos a la iglesia explican en general los sacerdotes quedan viviendo en casas religiosas donde les otorgan lo necesario para vivir.

 

Diferente es el caso de José Antonio Aguirre, “Padre Tato”, quien estará en la cárcel hasta 2015 y ha perdido su calidad de religioso, por lo que no podrá volver a un hogar vinculado a la iglesia, y quien, además, sufre una enfermedad degenerativa que le impide moverse.

 

El padre Alfonso Baeza cuenta que en el caso de los sacerdotes diocesanos reciben un sueldo conocido como la “congrua” y añade que cuando dejan de celebrar misa se les quita una parte del ingreso que es una donación extra que se les otorga por cada celebración.

 

Por su parte, el vocero Jaime Coiro dice que habitualmente todos los aportes son para el mantenimiento de las iglesias y parroquias y los sacerdotes viven con la Congrua, pero añade que cuando dejan de ejercer su función eclesiástica también termina el salario.

 

Coiro explica que muchos sacerdotes tienen grados académicos y cuando dejan de ejercer su ministerio inician una vida en el área docente, o incluso se diversifican hacia el comercio y otros se apoyan en sus vínculos familiares.

 

El vocero también comenta que los sacerdotes tienen una mutual a través de la cual ven el tema de su salud y su pensión de vejez y esa es la Mutual Pax.

 

Lo cierto es que los diocesanos pueden tener rentas e ingresos aparte de la congrua pero, habitualmente, la iglesia se hace cargo de la manutención, salvo que dejen el estado clerical.

 

De esta explicación se desprende que, sanciones más o sanciones menos, todos los casos mencionados, con excepción del padre José Ignacio Aguirre, el cura Tato, siguen viviendo al amparo de la iglesia católica, ello por cuanto ninguno ha perdido su estado clerical pese a que en todos ellos abusaron, al menos, de la confianza de sus feligreses.