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Ley de Inclusión Laboral: el cambio que la sociedad chilena necesitaba

16/07/2017 |

Por Equipo Cambio21

La ley entrará en vigencia a más tardar el último mes del año. Se espera que de esta forma se puedan igualar los sueldos de todos los trabajadores.

Buscando potenciar y hacer una realidad visible el discurso recurrente de la "inclusión", es que se aprobó la ley que obliga a organismos públicos y a empresas con 100 o más trabajadores a tener entre su dotación al menos un 1% de personas con lo que algunjos llaman discapacidad cuando lo correcto es hablar de capacidades diferentes.


La iniciativa fue despachada por la Cámara de Diputados, ratificándose la propuesta de la Comisión Mixta del proyecto con 106 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.


Esto modifica la ley N° 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad.


Involucrados


Los órganos de la Administración del Estado, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, deberán seleccionar preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con capacidades diferentes.


En el mundo privado, en empresas con 100 o más funcionarios, al menos el 1% de la dotación anual deberá considerar a estas personas o que estén recibiendo una pensión de invalidez.


En el caso de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, la obligación sólo aplicará para su personal civil.


La ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad entrará en vigencia a más tardar en diciembre de este año, ya que fue uno de los compromisos cumplidos del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y sitúa a nuestro país en el cambio cultural de la no discriminación, equidad y protección social.


Miradas


El tema resulta ser de profundo raigambre en el país, pues las discusiones y las vivencias son transversales a la sociedad, lo que hace que la exclusión laboral fuera una constante en todos los sectores sociales.


Carola Rubia Durán, directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, que promueve y facilita la inclusión de personas con discapacidad cognitiva, dice que la legislación vigente fomenta la desigualdad.


"El último Estudio Nacional de Discapacidad dice que las personas con discapacidad perciben una remuneración un 32% inferior que una persona sin discapacidad, y sólo el 42,8% participa del mercado laboral, lo que, en rigor, no implica que este grupo realice un trabajo remunerado. Estos datos evidencian las consecuencias negativas que tiene para este grupo la existencia de esta ley", explicó.


"Recibir un sueldo menor al mínimo legal se vuelve un factor desmotivante para comenzar con la búsqueda de un empleo, considerando que las condiciones no permiten un tránsito exitoso a una vida independiente", complementa la directora.


"Ellos están ávidos de trabajar y demostrar que son competentes, que pueden ser adultos autovalentes. En general, están muy motivados, se comprometen mucho con sus trabajos y tienen una muy buena disposición", asevera Rubia.


Ángela Díaz es la coordinadora de la Red Incluye, que busca conectar a personas con discapacidad que quieren trabajar con instituciones dispuestas a darles empleo.


"En la época en que se dictó esta ley, 1987, imperaba otra mirada sobre lo que significa esta condición. Probablemente, la intención era favorecer la inclusión de personas con capacidades diferentes al mundo del trabajo, pero desde una mirada mucho más asistencialista. Hoy, es una situación que está fuera de toda regla", asegura Díaz.


"En el país no hay un catastro sobre personas contratadas bajo esta normativa. Hemos consultado a diferentes instituciones, pero nadie tiene un dato concreto sobre el número de personas afectadas por esta regulación", expresa.


Para el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, el progreso de aplicar la ley es enorme. "Con esta ley estamos proporcionando más protección social, pero también estamos proporcionando dignidad para las personas en situación de discapacidad que en nuestro país representan 2 millones 600 mil personas, por tanto este es un día alegre para Chile".


"Esta ley será fiscalizada por la Dirección del Trabajo y por la Contraloría General de la República, y nos va a permitir, entre otras cosas, que no exista esa discriminación odiosa de que las personas con discapacidad mental tengan un salario inferior al salario mínimo", dijo el secretario de Estado.


Finalmente, desde la misma SOFOFA entregaron información relevante sobre la importancia y sobre el valor social de fomentar la inclusión laboral.


"Incluir a trabajadores con discapacidad dentro de una organización puede generar un impacto muy positivo en la empresa. Mejora la reputación corporativa, promueve el trabajo en equipo, posibilita un compromiso mayor con los valores, se aprende a ser más inclusivo y a aceptar la diversidad", indicaron.


"Dar el primer paso para contratar a personas con discapacidad es uno de los grandes desafíos de las empresas de hoy. La pregunta es ¿cómo hacerlo?, ¿cómo empezar? y ¿por qué hacerlo? Lo primero es encontrar el deseo profundo de hacer que la empresa de la que formas parte pueda transformarse en una organización inclusiva. Ese será el primer impulso para movilizar a los ejecutivos, las decisiones y los recursos necesarios para hacer que este sueño se vuelva una realidad", dijeron.


"Lo segundo es conectarse con los valores corporativos que se activan al tomar esta determinación. El valor del respeto, de la aceptación de la diversidad, de la inclusión, de la meritocracia, de la no discriminación. A esto debes sumarle los aspectos estratégicos, como el factor productivo, el logro de objetivos y metas. Entender que las personas con discapacidad pueden ser un gran aporte para la organización", completaron.

 

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