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Agrupación femenina considera que es una deuda de la democracia con las mujeres permitir el aborto terapéutico en casos calificados

05/06/2013 |

Desde los años 30 hasta 1989 era legal en Chile interrumpir un embarazo cuando ello conllevara un riesgo grave a la vida de la madre o el feto fuera inviable. Diversas agrupaciones femeninas luchas por su reinstalación legal.

El caso de Beatriz, una salvadoreña que solicitó interrumpir su embarazo porque padece lupus y una enfermedad renal, reabrió el debate del aborto terapéutico.


El Salvador es uno de los cinco países de Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, la República Dominicana y Chile, que prohíben el aborto de manera absoluta, ni siquiera cuando implique salvar la vida de la madre.


La psicóloga Leslie Nicholls vocera de la Fundación Miles Chile, Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo, afirmó que "lo que ocurre es una violación de los derechos humanos de la mujer, porque en el fondo el Estado está permitiendo que se ponga en riesgo la vida de la mujer al llevar un embarazo que es absolutamente inviable".


En el caso de Beatriz, expresó la profesional, se trata de una mujer que padece de lupus, de una mala condición renal y el feto era anencefálico o sea carecía de  cerebro  y no podía sobrevivir. Ella pidió optar por el aborto terapéutico y no se le permitió.


Nicholls aseveró que en Chile una experiencia similar es la que vivió Karen Espíndola quien tuvo un embarazo súper complicado de un bebé que nació y venía con 20 patologías. Finalmente falleció a los 2 años y la madre demandó al Estado exigiendo que pudiera practicarse el aborto terapeutico. Ahora es parte de Miles Chile.

 

La dirigente agregó que su entidad presentó dos proyectos de leyes este año a ambas Cámaras, sobre el tema del aborto terapéutico. El año pasado se presentaron proyectos al Senado y ni siquiera dieron la oportunidad de debatirlo, criticó la psicológica; a raíz de esto debía pasar un año para volver a tratarlo.


Desde la década de los años 30 hasta 1989 era legal interrumpir un embarazo cuando ello conllevara un riesgo grave a la vida de la madre o el feto fuera inviable, lo cual se conoce como aborto terapéutico. Al finalizar la dictadura de Pinochet, este derecho se revocó y se prohibió la interrupción del embarazo en todas sus formas y en cualquier circunstancia, inclusive en aquellas en que la vida de la madre estuviese en peligro. Para ello, se estableció una pena de cárcel a todas aquellas mujeres que intentaran interrumpir sus embarazos, arriesgando desde tres a cinco años de prisión.


Al respecto, la psicóloga reafirmó que "en Chile hubo derecho al aborto terapéutico primero que al derecho a voto femenino, se trata de un problema de salud que estuvo cubierto hasta el año 89 y que en una decisión que se tomó dentro de cuatro paredes como solía ser en dictadura se decidió penalizarlo".

 

La vocera añadió que "nos parece una deuda de la dictadura que persiste en nuestra legislación y la verdad es que en los proyectos de ley que se redactaron son más restrictivos que la legislación que hubo hasta el 89".


La profesional consideró que esta satanización del tema es errada porque en el fondo se trata de un problema de salud de las mujeres. Antes estaba permitido y aceptado, pero pasó a ser ilegal y perseguido judicialmente, por lo que es una deuda democrática.

 

Nicholls considera que es positivo que esté en la agenda presidencial de todos los candidatos, a pesar que algunos políticos se oponen al tema: "Uno de ellos es Piñera que dijo que iba a vetar cualquier intentó de legislar acerca del aborto terapéutico".


Señaló que según cifras oficiales "en Chile se practicaron 32 mil abortos durante la última década, que son los embarazos tubarios, o sea se hace en Chile, pero no hay una legislación que lo permita. Afecta la equidad de las mujeres porque en el fondo si eres pobre no te puedes hacer un aborto, en cambio si eres rica vas a una clínica y te ingresan como apendicitis y practiquan un aborto si es necesario. No podemos permitir que algo que debiera ser de un derecho para todas las mujeres pase a depender de lo económico".

 

El derecho a decidir de la mujer


Desde que supo que su embarazo era inviable, en el año 2008, Karen Espíndola golpeó todas las puertas intentando abortar. Su hijo finalmente nació y vivió con ella poco más de dos años. Un período tortuoso que la dejó prácticamente en bancarrota y con una depresión que todavía no supera. Espíndola denuncia la hipocresía de las agrupaciones pro-vida, el abandono del Estado y el sesgo religioso de los parlamentarios que no se atreven a legislar.

 

"Dicen que están por la protección de la vida del que está por nacer, pero se olvidan de ellos cuando nacen", sostiene. Espíndola en su cuenta de tuitter expresó: "Estoy cansada de luchar y vivir en un país tan injusto. Cada día me enfrento a eso con mis amigas q tienen niños especiales. Es humillante.Mi esposo se saca la cresta día a día para pagar las grandes deudas que quedaron con la triste malfo cerebral de mi hijo.Y mi siquiatra" .


Rosario Puga, miembro de la Asamblea de la Corporación de La Morada, dijo que "en casos como estos el Estado expropia a decidir sobre su cuerpo a las mujeres en función a un culto a la maternidad".

 

"Es un caso de tortura grave, ya que el Derecho Internacional avala que hay un derecho de libertad y por ende uno pudiera decidir libremente, acá también se vulneró el derecho a la familia, ya que si ella fallecía ese hijo quedaba sin madre. Me parece muy grave, que se exponga a una mujer a morir o tener secuelas en su salud futura por llevar a término un embaraz", agregó.

 

La integrante de la Fundación La Morada pidió reflexionar sobre que "¿si me embarazo pierdo toda la libertad y el cuerpo social tiene el derecho de ejercer las formas de violencia? Estamos frente a un oscurantismo, ya que muchas lo resuelven con un trato privado con el médico, los sectores más pobres tienen más mermado sus derecho a decidir lo que es una paradoja grave".

 

 

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