Sea un tema de agenda y diferentes los enfoques politológicos y/o de otras disciplinas los que pueden interpretar la situación, lo cierto, es que es el sentido común el que se erige como el más simple y agudo ‘interpretador' de la misma: se está en época de pre - campaña municipal y presidencial y, por lo tanto, los actores que se encuentran en el afán de reelegir a la derecha en el poder en las próximas elecciones municipales y presidenciales, hacen todo lo que se encuentre a su alcance para hacer mella al 51% de aprobación de la ex Presidenta Bachelet, hecho que la coloca en una eventual nominación como candidata para la próxima elección presidencial desde el bloque opositor (Según CEP).

Se profundiza más la preocupación oficialista ante los magros resultados del Presidente Piñera, por debajo del 30% y la lejanía del Golborne, Allamand y Longueira, respecto de la idea de que sean presidentes, según la misma encuesta. Adimark, la encuestadora amiga del presidente, le anunció 7 puntos de repunte, cuestión que lo coloca en un 33% de aprobación, de todos modos débil.

Las responsabilidades políticas no sólo las debería asumir Bachelet, sino que el conjunto del Estado y el sistema político, sin perjuicio de que los organismos técnicos llamados a entregar la información exacta para la toma de decisión no lo hayan hecho: el SHOA y la ONEMI. Chile, no es un país sísmico ahora no más, sino desde que está configurado como expresión geográfico físico, y obviamente, desde que se ha organizado políticamente. Entonces, ¿acaso no es una responsabilidad de Estado en tiempo y espacio?

Desde una mirada crítica de la ciencia política, lo que creo debería colocarse en valor es, cómo un hecho de la evidencia más ‘evidente', no deja ver los temas fundamentales del desarrollo del país.
No cabe ninguna duda, que todo el año 2011 en estos momentos ya no tiene la trascendencia requerida en ámbitos como la educación (calidad, gratuidad, entre otros), medio ambiente (Hidroaysén, barrancones, entre otros) y la política (cambios constitucionales profundos = nueva constitución), los cuales juntos con otros venían a legitimar un nuevo trato, un nuevo pacto. Todo ello instalado y asumido por la clase política gracias a la geografía de la multitud, que en más de una oportunidad he indicado en mis opiniones.

Esta coyuntura, creo que es funcional al hecho de que nada cambie sustancialmente, ya que todos los sentidos se encuentran en dirimir una cuestión que ya está resuelta por el sentido común, no sólo de los integrantes responsables de la clase política, sino que en la mayoría de los chilenos y chilenas adherentes o no de Bachelet.
Por lo tanto, una oportunidad de cambio, entre otras, que se desdibuja bajo estas controversias verbales e institucionales infecundas como es el caso de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados 27/F, es la plataforma programática que debería diseñarse al alero de las diferentes señales que la geografía de la multitud instaló durante el 2011 y que continuó con la cuestión de Aysén, ahora en el 2012.

Por otra parte, las reformas políticas, las cuales se encuentran en el olvido producto de este incordio verbal, tienen una relevancia programática de fondo y urgente de colocar en valor crucial. Cambiar el sistema electoral binominal ya no resiste análisis, tampoco la descentralización política, donde la necesaria coordinación de gobiernos locales y regionales se haga por medio de la elección directa de autoridades regionales. En el ámbito local, la constatación permanente (desde la recuperación de la democracia), de la necesidad de cambiar la ley 18.695 tampoco resiste análisis. Urgente es la democratización de los espacios locales, los cuales hoy, por medio de los dispositivos municipales, se transforman en unos verdaderos feudos con sus reyes alcaldes que todo lo pueden y todo lo deben. No hay que olvidar, que es en este ámbito donde se ha identificado una de las instituciones más corruptas a nivel país. El municipio.

En la línea de los temas urgentes a abordar, se pueden parafrasear las siguientes afirmaciones referidas a la energía: "que la integración energética", "que la Energías Renovables no convencionales", "que Hidroaysén", que la "Carretera Pública de la Energía", estas y otras afirmaciones vienen a dar cuenta de la siempre conflictiva cuestión energética, la cual, se funda en un modelo de gestión privatizado, que ha demostrado no dar el ancho para resolver la cuestión que todos indican es importante y estratégica para el desarrollo del país, una energía barata, segura y ambientalmente óptima para el desarrollo nacional.

Este modelo que privilegia las megaestructuras energéticas (represas, plantas térmicas, entre otras), que, además tiene que convivir con el cumplimiento de estándares ambientales, los cuales ya no están necesariamente instalados en la institucionalidad vigente, sino que en otros estándares promovidos por sociedad civil, nacional y transnacional , necesita un ajuste mayor. No basta con retoques por aquí o por allá, cuando del modelo energético se refiere. El desafío es superar él conocido e instalar otro. Uno legítimo y que salvaguarde la soberanía nacional. ¿Acaso no es preocupación de los programas de gobiernos?.

Se puede, además, opinar de educación, de la reforma tributaria, del modelo de Estado, entre otros temas urgentes de resolver, pero siguen con las responsabilidades políticas de Bachelet después del 27/F, instalando un falso debate, una distracción estructural en la generación de política útil para el logro del bien común. Aunque parezca aristotélica la afirmación, parece importante indicar que hoy, estamos siendo objeto de un show de pirotecnia verbal que atenta con el análisis de los temas que verdaderamente importan, como los anteriores y otros tantos. ¿Imaginan cómo habría sido el debate, en esta etapa, si Bachelet se haya prestado para esta nueva (vieja) forma de hacer política?.

Parece que es una muy buena forma de burlar la atención del público, en la infecunda búsqueda de responsabilidad política de Bachelet en el 27/F, para no entrar en el debate que parece es importante y que nos debería llevar a una política pública o de estado que permita mayores grados de equidad y solidaridad. Es dable entonces sospechar de esta molestosa discusión, de un lado y del otro.