La sentencia del llamado "Caso Bombas" no ha salido, aunque el veredicto ya es oficial: ninguno de los imputados por el Ministerio Público y por el Ministerio del Interior ha sido considerado culpable, quedando de manifiesto:

1. Que el gobierno que prometió terminar con la delincuencia ("Tienen los días contados", dijeron en la campaña) ha sido incapaz de hallar a los responsables de las bombas. No es fácil hacerlo, pero ellos nos hicieron creer a los chilenos que era cuestión de voluntad.

2. Que la decisión de remover del caso al Fiscal Armendáriz fue equivocada, pues él iba avanzando, pero lo hacía con la prudencia, la mesura y la pertinacia de un buen investigador, que sabe que correr tras bandidos aparentes no es siempre buen negocio. Ya nos lo enseñó Agatha Christie, la escritora inglesa, con sus diversos personajes.

3. Que la designación del Fiscal Peña no fue más que una maniobra comunicacional y sirvió para construir una verdad aparente a partir no sólo de conjeturas y prejuicios, sino sobre todo de una decisión política: debían aparecer culpables en 45 días.

4. Que el premio a Peña por su actuación veloz fue apresurada. Llevarlo a trabajar al Ministerio del Interior constituyó no sólo un error profesional y político, sino además una más de las tantas desprolijidades estéticas y éticas que afectan a este gobierno, especialmente cuando está de por medio el Ministerio del Interior o el propio Presidente. No basta con pedir perdón en un discurso: es preciso hacer las cosas bien.

5. Que no se puede seguir jugando con la honra de las personas, como se ha hecho hasta ahora, imputando delitos con una sorprendente liviandad a sujetos inocentes o, por lo menos, contra los que no hay suficientes pruebas. Los derechos humanos se violan no sólo con la tortura, sino también con estos procedimientos, lo que supuestamente no le debe importar demasiado a quienes hicieron sus fortunas y espacios políticos a la vera de una cruel dictadura.

6. Que los criterios judiciales han cambiado. Más allá de que siga habiendo errores, la protección de los derechos individuales es asumida por el aparato judicial, aunque sea con cierta demora, pero no tanta tardanza como para que la justicia se haga imposible. Se ha avanzado en esta materia y los jueces parecen estar más permeados por los principios universales del derecho penal en orden a no sólo a perseguir a los que delinquen sino a evitar que sean condenadas personas inocentes.

7. Que la seguridad de los chilenos no está en las mejores manos y no basta con declaraciones altisonantes y golpes en la mesa para lograr resultados. Las policías, los fiscales ad hoc, las autoridades políticas, se han mostrado ineficaces.
Como abogado que trabajé en la defensa de los derechos humanos no puedo evitar reflexionar en el sentido de que si hubiésemos tenidos estos jueces hace unos años en Chile hubiésemos tenido menos muertos y menos injusticias. Y que si hoy no tuviésemos a estos jueces, los que se creen dueños de la verdad serían tan tiránicos como sus modelos y mentores ideológicos.