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Inédito fallo de la Corte Suprema a favor de funcionario despedido del Intituto de Previsión Social (IPS) deja en evidencia “ilegalidad” y considera el hecho como “verdadera persecución”

18/04/2012 |

Por Teresa Frías

El abogado del afectado, Gabriel Muñoz, indicó que "este fallo de la Corte Suprema servirá para los futuros casos ilegales que se sigan produciendo en las instituciones públicas, sobre todo en estos dos años que le quedan a este gobierno".

Un nuevo caso que termina a favor de un funcionario público después de ser despedido arbitrariamente dejó en evidencia la resolución de la Corte de Apelaciones ratificada por la Corte Suprema.


El caso se remonta al 2011 cuando el director nacional del Instituto de Previsión Social (IPS) tomó la decisión de poner término anticipado a la contrata de Luis Rodrigo Torrejón por el motivo de "no ser necesario sus servicios".

 

Ante ello la Corte de Apelaciones bajo el fallo con rol Corte número 12.789-2011 indicó que "resulta ilegal y arbitrario, que al recurrida, sin haber cumplido las formalidades para notificar válidamente al recurrente, deje de pagar las remuneraciones del funcionario".


Por su parte, la Corte Suprema estimó en el fallo con Rol número 862-2012 "ilegalidad en relación al elemento fin del acto, lo que configura un vicio que lo torna susceptible de anulación, siendo, por cierto, también arbitrario por lo motivos expuestos".


Para el abogado del funcionario, Gabriel Muñoz, "ambas sentencias son muy importantes para la causa de los trabajadores públicos y sientan un precedente a su favor".


En diálogo con Cambio21 agregó que "aquí existió persecución, sin embargo los que hicieron este despido arbitrario aún siguen trabajando en el IPS y eso no puede ser. Además, que sólo lo que hacen es removerlos de puestos y resulta más irónico que los pongan en el departamento de Recursos Humanos".


Por último, indicó que "este fallo inédito de la Corte Suprema servirá para los futuros casos ilegales que se sigan produciendo en las instituciones públicas, sobre todo en estos dos años que le quedan a este gobierno".

 

Por su parte, la vicepresidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Nury Benítez, indicó que "el fallo es un avance sustancial de cómo asume la Corte Suprema con los trabajadores públicos. Sabemos lo poco que opina este órgano con respecto a estos temas, porque los funcionarios nos sentimos en tierra de nadie entonces que salga esto ahora es gratificante".

 

A ello agregó a Cambio21 que "además esto nos señala que debemos poner alerta porque ha habido persecusión política y que lo diga ahora la Corte Suprema queda claro que así es".

 

Finalmente Benitez indicó que "sin duda es un llamado de atención para las autoridades y un precedente importante para los funcionarios".


Otro logro de los funcionarios


Durante el paro nacional del 24 y 25 de agosto de 2011, los trabajadores de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fueron advertidos mediante instructivos del ministerio de Hacienda de no formar parte de la manifestación, de lo contrario serían multados o simplemente sus contratos no se renovarían.

 

Desde ahí se inicia una lucha intensa de parte de los trabajadores contra el gobierno. Hasta que la Corte Suprema resolviera que el ministerio en cuestión no podía aplicar un instructivo de control de comportamiento a los funcionarios públicos que participan de las movilizaciones del sector.

 

La resolución confirmó que la repartición que encabeza el economista Felipe Larraín no podía utilizar el "Acta de constancia de ausencia de funcionarios en sus labores funcionales", que instruía a las jefaturas registrar la asistencia de los funcionarios en los días que se convocaba a paros u otras movilizaciones, anotando datos como atrasos por consumo de cafés y tiempo de demoras en idas a servicios higiénico, entre otros.

 

El dictamente del más alto tribunal del paìs determinó, además, que los instructivos atentan contra las garantías consagradas en el artículo 19 N°1 de la Constitución, sobre el derecho a la vida e integridad física y psíquica, y en el N°4, referente al respeto a la vida privada, honra y protección de la familia, por lo que no pueden ser usados por la autoridad para calificar conductas de los funcionarios.

 

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