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Siguen revelándose otras complejas aristas del "MINVU-Gate": Ministra Matte apuntó a seis funcionarios que firmaron polémica autorización de pago por 17 mil millones de pesos. Entre ellos está el director del Serviu

15/04/2011 |

Parlamentarios exijen una explicación de Matte tras autorizar el cuestionado pago. Diputado Marcelo Díaz (PS), sentenció que "ella debe responder de su propia actuación y aclarar si fue engañada o si cometió negligencia inexcusable, pero no puede pretender desligar responsabilidades o descargarlas en terceros".

El pasado viernes 8 de abril la ministra de Vivienda, Magdalena Matte entregó al Ministerio Público los antecedentes del eventual pago de $17 mil millones a la empresa constructura Kodama, que exige el dinero por sobregastos en la construcción de un corredor del Transantiago en Av. Pedro Aguirre Cerda.

 

En forma paralela, hay una investigación de la Contraloría por el mismo caso, pedida por el senador del MAS Alejandro Navarro, y que debería tener una resolución en los próximos días.

 

Sobre el tema, la jefa de cartera en reiteradas ocasiones ha mencionado que habrá "mano dura" con aquellos que resulten responsable, incluso habla de un posible fraude al fisco, tal como lo hiciera el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.


"Si alguien intentó defraudar al fisco, va a sufrir todas las consecuencias que sean del caso; en eso vamos a ser muy duros. Pero yo, en este minuto, no tengo los antecedentes para decir si fue ineptitud u otra cosa, pero lo que la justicia diga, lo voy a aplicar con mano de hierro", sostuvo Matte.

 

Además, Matte individualizó a las seis personas que componen el equipo responsable que avaló el documento. Entre ellas está el director del Serviu, Antonio Llompart, y tenía las firmas del subsecretario (s), Guillermo Rolando; de la jefa de la división jurídica, Mirna Jugovic y de Carolina Arrau, asesora legislativa. Todos ellos son personas de la confianza de la ministra, elegidos por ella para cumplir sus funciones y, obviamente, políticamente de su misma tendencia. Además el abogado de confianza de la propia Matte, Alvaro Baeza Guíñez y del subdirector jurídico del Minvu, Rafael Marambio.

 

Cuestionable actuación de la ministra

 

En tanto desde el Parlamento se critica duramente el denominado caso Kodama -"MINVU-Gate", según medios de prensa-  además de anunciar la creación de una comisión fiscalizadora y nuevas acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables.

 

Para el diputado Marcelo Díaz (PS) "es absolutamente obvio que la ministra debe explicar como pudo firmar un pago de US$ 35 millones sin fijarse. Esto debe aclararlo para determinar su responsabilidad política".

 

En esa línea, agregó en conversación con Cambio21 que "ella debe responder de su propia actuación y aclarar si fue engañada o si cometió negligencia inexcusable, pero no puede pretender desligar responsabilidades o descargarlas en terceros", refiriéndose al inminente despido de los seis funcionarios del Serviu y que a no dudar serán citados por la fiscalía a prestar testimonio.

 

"Este es un hecho gravísimo, aunque pienso que antes de crear una comisión debemos ver cómo evalúa la fiscalía y Contraloría, quienes hasta ahora lo han hecho bien. Dependiendo de aquello, veremos cómo seguimos".

 

Por su parte el diputado PPD Patricio Hales dijo que "aunque no dudo de la probidad de la secretaria de Estado, es cuestionable que haya visado este arreglo extrajudicial. Se manifestó partidario de que el caso sea investigado por la justicia".

 

En tanto su colega Juan Castro (PS) comentó que "es urgente que la justicia determine cuáles son las responsabilidades que involucran a la ministra Matte y a toda su jerarquía, con respecto a esta millonaria suma de dinero que se transó".

 

"La ministra tiene responsabilidad por firmar en tiempo record una autorización que permitió una transacción judicial, con la que el Estado se desprendía de 17 mil millones de pesos", indicó el diputado PS.

 

En tanto Gustavo Hasbún, diputado UDI, también se sumó a la posibilidad de integrarse a una Comisión investigadora, asegurando que todo lo que se haga "en pos de la transparencia y la probidad administrativa me parece razonable".

 

Además, el diputado gremialista apuntó al abogado Álvaro Baeza, asegurando que "me parece gravísima la presión del asesor de la ministra (Baeza), sobre el subdirector jurídico del Serviu (Rafael Marambio); por ello hay que determinar si existió o no esta actitud".

 

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