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En ausencia se inició en París juicio a 14 agentes de la dictadura de Pinochet por atropello a los Derechos Humanos. La lista la encabeza Manuel Contreras, ex director de la DINA  

07/12/2010 |

El juicio se presenta en momentos en que organizaciones de DDHH denuncian que en el primer año de gobierno de Sebastián Piñera los esfuerzos por avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en las más de 3.000 víctimas que dejó la pasada dictadura parecieron estancarse.

El magistrado Hervé Stephan leyó los nombres de los acusados, ausentes de este proceso ya que no fueron extraditados por Chile, entre los que está el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del régimen, Manuel Contreras, supuestamente implicado en las cuatro desapariciones.

 

El resto, 12 chilenos y un argentino, son esencialmente ex altos mandos militares del régimen de la dictadura chilena.

 

El juez constató que las autoridades francesas informaron a los presuntos torturadores de que el tribunal les reclama y subrayó que "los acusados tuvieron la posibilidad de estar representados por un abogado", derecho al que renunciaron.

 

Después de leer los cargos de la acusación y la lista de los testigos que se presentarán al juicio, muchos de ellos exiliados en terceros países, el magistrado organizó el orden de las audiencias, que culminarán el próximo 17 de diciembre.

 

El primer caso de los desaparecidos franceses, presuntamente por orden de los militares chilenos, es el de Georges Klein, médico y consejero del depuesto presidente Salvador Allende, detenido durante el asalto al Palacio de la Moneda en 1973.

 

Se juzgarán también las desapariciones de Alphonse-René Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) detenido y desaparecido en Santiago en 1974; del militante del MIR Jean-Yves Claudet, desaparecido en Buenos Aires en 1975 y en el marco del Plan Cóndor de cooperación entre las dictaduras chilena y argentina y de Etienne Pesle, párroco detenido en 1975 en Temuco, donde aplicaba un plan de redistribución de tierras del Gobierno de Allende.


Opina la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

 

“Lo que ocurre en Francia le está dando una clara muestra al Estado chileno de hacerse cargo de una situación que ocurrió en este país, persiguiendo y buscando enjuiciar a los culpables transcurrido el tiempo que sea”, dijo a la AFP Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

 

El juicio en Francia se presenta en momentos en que organizaciones de DDHH denuncian que en el primer año de gobierno de Sebastián Piñera los esfuerzos por avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en las más de 3.000 víctimas que dejó la pasada dictadura parecieron estancarse.

 

Antes de asumir, en marzo pasado, Piñera se comprometió a agilizar los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Pero -según denuncian estas organizaciones- el Gobierno mantiene retenidas 60 querellas contra violadores a los derechos humanos que estaban listas para ser presentadas, congeló recursos para el funcionamiento de organizaciones de víctimas y mantiene funcionando en precarias condiciones un programa oficial de derechos humanos.

 

Esas 60 querellas involucran casos de 56 ejecutados y cuatro desaparecidos.

 

“Estamos observando una clara obstaculización en relación a avanzar en las causas de derechos humanos”, afirmó Pizarro. “Hay una actitud soterrada que está tendiendo a la invisibilización del problema aún no resuelto de los derechos humanos en Chile”, agregó.

 

Según la vocera, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que dispone de abogados que revisan los casos de crímenes de lesa humanidad para luego llevarlos ante la justicia, está funcionando con dificultad después que varios abogados fueran despedidos.

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